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🇸🇻 | Patriota según el oficialismo, autócrata según la oposición: Apuntes sobre el particular estilo de gobierno del máximo líder político de El Salvador.

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Presentación

El pasado 31 de julio, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una polémica reforma constitucional que desató calurosos debates, tanto dentro como fuera de fronteras. Si bien desde ESCANEO POLÍTICO se promueve fuertemente la libertad y, por ende, la no intervención en la política doméstica de ningún país, lo cierto es que hay ocasiones en las que resulta necesario hacer salvedades, particularmente cuando se advierte que las democracias podrían comenzar a peligrar. Más aún, cuando esto viene siendo un problema que se agrava a nivel mundial, tal como ya se afirmaba en los artículos «La libertad global en declive» y «¿La democracia en caída libre?» de este mismo blog.

Por eso, a continuación, se presenta un breve recuento de lo ocurrido y se exponen cuáles son las implicancias de haber tomado ciertas decisiones parlamentarias. Asimismo, tomando como inspiración este hecho reciente, es que se ponen en consideración otros aspectos —positivos y negativos— de la gestión de Nayib Bukele, quien preside El Salvador desde junio de 2019 y que, con su particular estilo de gestión, ha sabido despertar amores y odios a partes iguales. El objetivo no es emitir juicios de valor acerca del mandatario ni tampoco cuestionar su ideología, sino más bien analizar el impacto de su modelo político en la ciudadanía, sopesando sus aciertos y sus errores. En cierta medida, se trata de hacer un balance de lo que vienen siendo sus 6 años de administración, sin encasillarlo en la dicotomía simplista de bueno-malo.

La modificación de la discordia

Independientemente del país que las lleve adelante y por más mínimas o intrascendentes que puedan parecer, las alteraciones constitucionales siempre tienen impacto directo en los ciudadanos. Lo correcto, entonces, sería que cualquier modificación estuviese —sin excepción— sometida al escrutinio público, con el fin de que medios de comunicación, técnicos/académicos y sociedad civil en general pudieran conocer todas las opciones disponibles. Eso permitiría evaluarlas detenidamente y, por tanto, tomar decisiones más informadas y conscientes.

Desafortunadamente, no siempre ocurre lo antes mencionado: a veces por falta de tiempo (la política no es inmune a vorágine de la vida actual, y en ocasiones debe actuar con inmediatez), otras veces por limitaciones en recursos materiales y logísticos (difundir ampliamente un proyecto de ley y capacitar adecuadamente a la sociedad para comprenderlo, requiere de un esfuerzo económico que candidatos independientes o partidos políticos pequeños no siempre pueden afrontar), pero otras veces también existen motivos estratégicos (léase, conveniencia no siempre ligada a la ética) que llevan a esquivar a la opinión pública.

Sea como sea, en los cinco continentes y a lo largo de la historia, sobran ejemplos de gobiernos que han llamado a sus pueblos a consulta, pero que luego han irrespetado su voluntad. También existen casos en los que, directamente, ni siquiera se les otorga a los ciudadanos la posibilidad de pronunciarse respecto a cuestiones que le atañen. Justamente esto último fue lo que ocurrió en El Salvador el pasado 31 de julio. Esa noche, se dio a conocer públicamente que 57/60 legisladores consintieron, con su voto, la realización de varios cambios relevantes en los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna, que pueden resumirse en:

Los partidarios de esta reforma argumentan que esta permitirá una mayor estabilidad y continuidad en la política del país. Pero todo parece indicar lo contrario. La gravedad que reviste el hecho es innegable, especialmente, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Composición del Parlamento: El oficialismo de N. Bukele cuenta con 57 representantes en la Sala, conformando así una mayoría absoluta casi omnipotente, que prácticamente no enfrenta dificultades al momento de proponer proyectos de ley y avalarlos, tal como ocurrió en esta oportunidad. De hecho, los legisladores que rechazaron la transformación constitucional impulsada por el bloque oficialista fueron solamente tres, y estos, casualmente, son los únicos miembros de la oposición que tienen presencia en el recinto.

• Falta de debate público: Algunos de los comportamientos que N. Bukele ha tenido en los últimos tiempos (analizados más detalladamente en la sección «Más allá de la reforma constitucional: Buscando los puntos medios» de este mismo artículo) han provocado cierto grado de temor en sus adversarios políticos. De alguna forma, estos ya sospechaban que, tarde o temprano, un acontecimiento como este tendría lugar. Sin embargo, esperaban que el proyecto de ley fuera tratado con mayor detenimiento y que, sobre todo, implicara a los ciudadanos en la toma de decisiones. Debido a esto, muchos opositores tildaron a la resolución legislativa como «antidemocrática» al terminar de consolidar, de facto, el gran poder del actual Presidente. En cierta forma, lo valoran como un golpe de Estado encubierto.

Desafortunada coincidencia

Desde 1969, cada 31 de julio, El Salvador celebra el día nacional del periodista. El objetivo de dicha conmemoración anual es, básicamente, reconocer la labor investigativa e informativa de dichos profesionales, así como también su aporte a la construcción de sociedades más democráticas, libres y justas.

A pesar de lo anterior, organizaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras (RSF) vienen denunciando un preocupante deterioro en las libertades de prensa en dicho país. Según la institución, en los últimos tiempos se ha registrado un importante aumento de casos de censura y/o persecución política provenientes del gobierno liderado por N. Bukele, quien, al parecer, estaría pretendiendo controlar la narrativa de los medios de comunicación a su favor. De hecho, dentro de la «Clasificación Mundial de Libertad de Prensa» (una de las publicaciones insignia de RSF), la nación caribeña ocupa el puesto número 135/180 en 2025, habiendo llegado a descender 61 posiciones dentro el ranking en tan solo cinco años.

Paradójicamente, en medio de los complejos momentos que atraviesa el sector periodístico salvadoreño y coincidiendo con la efeméride que busca homenajearlo, es que se anunciaron las mutaciones en la Constitución. Debido a esta casualidad contextual y temporal, la —de por sí polémica— noticia, generó rechazo y malestar en gran parte de los medios de comunicación locales. Y es que contrasta con los principios de democracia y libertad que estos generalmente defienden y promueven.

Repercusiones globales

Como era de esperarse, la prensa global también se hizo eco de este acontecimiento rápidamente. El nombre de N. Bukele apareció en numerosos portales noticiosos y su modelo gubernamental fue nuevamente puesto en tela de juicio, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Lo anterior tiene sentido, puesto que la resolución parlamentaria del pasado mes de julio no fue trivial: esta dirigirá, ni más ni menos, el futuro político de la nación caribeña y, con esto, los niveles de libertad de su población. Razones de sobra para que la comunidad internacional coloque al mandatario y a su nación en la mira, pues sencillamente la democracia salvadoreña podría estar en riesgo.

Eso sí: las opiniones externas deberían ser emitidas con cautela, pues —tal como se afirmaba al inicio de este texto— no siempre resulta del todo conveniente entrometerse en la política interna de ningún Estado, especialmente cuando no se conoce adecuadamente su realidad de fondo. Para evaluar este tipo de situaciones con objetividad es preciso contemplar a todos los bandos ideológicos de ese territorio en cuestión y respetar las voces de todos sus representantes. En política, casi nada es blanco o negro/bueno o malo, sino que surgen matices que flexibilizan la impresión de sus componentes. El Salvador no es la excepción, y N. Bukele tampoco.

Más allá de la reforma constitucional: Buscando los puntos medios

Al momento de analizar eventos como el ocurrido hace algunas semanas, es habitual posicionarse a favor o en contra de estos según el grado de afinidad política e ideológica que se tenga con quienes dirigen la acción. No obstante, no se debería caer en esa trampa. En el caso concreto de El Salvador, cuando se habla de máximo líder político, se hace alusión a una figura altamente mediática, distinguida por su potente oratoria y asociada a la «mano de hierro» contra la delincuencia por una buena parte del imaginario popular. Pero no se debe perder de vista que dichas representaciones pueden ser más o menos subjetivas y, por ende, afectar la toma de posturas neutrales respecto al mandatario.

A continuación, se presentan algunos datos clave para contextualizar la reciente reforma constitucional/electoral, considerando el accionar de N. Bukele de los últimos seis años.

El «Método Bukele» y sus particularidades

El término —que al igual que el de «Bukelismo» es ampliamente utilizado por académicos, analistas y medios de comunicación en general— hace referencia al conjunto de ideas y prácticas gubernamentales, así como al estilo de liderazgo de N. Bukele y, ciertamente, sirve como referencia al intentar describir y comprender el contexto político salvadoreño de la actualidad.

Sucede que el 1 de junio de 2019, con tan solo 38 años de edad, el empresario Nayib Armando Bukele Ortez se convirtió en el 61.º presidente de El Salvador y, desde entonces, no ha dejado de acumular poder. El líder millenial, caracterizado por su lenguaje cercano y directo, sus discursos enérgicos, sus posturas radicales y su mano dura frente a la delincuencia, ha logrado colarse entre los mandatarios más mediáticos de la región y, por qué no, del mundo.

Alabado por algunos y denostado por otros, el mandatario lidera el partido político Nuevas Ideas, una organización que podría ser catalogada como populista, nacionalista y personalista. Sin excesivas tendencias hacia al espectro de derecha ni tampoco hacia el espectro de izquierda, ha sabido tomar elementos tanto del liberalismo económico como del conservadurismo social y, en algunos casos, se ha comportado como un actor antisistema. Esta interesante combinación ha logrado captar adeptos de todas las clases sociales y, hoy por hoy, es la principal opción política de El Salvador, logrando superar en número de votantes a partidos tradicionales como el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) o el derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Como oficialista que es, casi la totalidad de los legisladores del Parlamento provienen de su seno y, por ende, la organización tiene enorme influencia sobre las normas que rigen al país.

Guerra contra la delincuencia: El faro

El presidente, por su parte, es un hombre de fuertes convicciones, que se autodefine como un patriota y como un defensor de los ciudadanos de bien. A razón de eso, su principal prioridad ha sido la de combatir la inseguridad de su país y, por ello, se ha enfocado en arremeter contra las «maras» (nombre con el que popularmente se conocen a las violentas pandillas criminales que operan en el lugar). En efecto, gracias a las sólidas y rigurosas medidas implementas durante estos seis años de administración, es que se han reportado enormes descensos en las tasas de homicidio intencional, un grave delito que, antes del arribo de N. Bukele al sillón presidencial, solía ser uno de los principales problemas que azotaban al país caribeño. Esto repercute muy positivamente en los índices de aprobación pública del primer mandatario, que desde 2019 siempre suelen estar por encima del 80%, independientemente de la empresa demoscópica que se tome como referencia para su análisis. Las cifras tienen sentido: una población que ya estaba harta de ser víctima de la delincuencia que sacudió al país durante tantas décadas, se siente «a salvo» con las políticas del bukelismo y, habiendo recuperado gran parte de su calma y bienestar, no puede hacer más que depositar su confianza en él y apoyar su gestión.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, pues diversas organizaciones humanitarias han asegurado que, detrás de estos significativos logros en materia de seguridad pública, se ocultan violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y muertes violentas de prisioneros, según especifica la periodista Melissa Velásquez Loaiza en una columna de análisis de la cadena de noticias CNN.

En ese sentido, más allá de la sociedad salvadoreña, la comunidad internacional también ha tomado partido respecto al Modelo Bukele. Hay quienes defienden el gobierno y su plan anti-Maras, pero hay quienes lo acusan de irrespetar los derechos humanos de personas detenidas/encarceladas. En ese sentido, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) construido por orden de N. Bukele en 2022 e inaugurado en enero del año siguiente, ha sido uno de los tantos elementos que más ha contribuido a la segmentación de posturas.

El Cecot: un emblema del Bukelismo

«La megacárcel de Bukele» es el nombre con el que es más ampliamente conocido el Cecot. Este se distingue por su gran tamaño (sus pabellones ofrecen capacidad para 40.000 reclusos) y por su infraestructura (ubicada a aproximadamente 70 kilómetros de la capital salvadoreña, con controles de acceso con escáneres, cercos perimetrales electrificados, torres de control, sistema de videovigilancia y celdas de castigo), pero también por sus estrictas reglas de permanencia.

Según ha trascendido en diversos medios de prensa, los presidiarios —que son custodiados 24/7 por guardias— duermen en literas sin colchones ni sábanas, llevan una dieta limitada a base de arroz y/o frijoles, se alimentan sin utilizar cubiertos para evitar que estos se conviertan en armas, y no tienen privacidad alguna en los retretes. Apenas ingresan al lugar, pasan a ser obligados a utilizar un uniforme de color blanco (que solo se compone de pantalón) y su cabello es rapado a cero. El reclusorio no tiene ventanas ni extractores de aire, y en él tampoco se permiten las visitas, ni siquiera las conyugales. Y es que los criminales se encuentran en aislamiento total y no tienen comunicación alguna con el mundo exterior. No disponen de patios o áreas de recreación. Solamente quienes son considerados «reos de confianza» (debido a que no son mareros ni tampoco están enjuiciados por delitos graves) tienen permitido pasearse durante algunos minutos por los pasillos del centro penitenciario, aunque a cambio deben trabajar en la limpieza y en el mantenimiento del mismo. El resto de la población carcelaria no tiene permitido salir de sus respectivas celdas.

Por otra parte, las propias autoridades de gobierno se enorgullecen de sus logros y, ya de paso, alimentan su relato. A través de la publicación de noticias, fotos y vídeos en redes sociales o sitios web institucionales muestran fragmentos del día a día de los presidiarios que habitan en la megacárcel. Para la mayor parte de la sociedad salvadoreña, esto representa una enorme victoria en lo que refiere a sus libertades, ya que hoy en día se sienten más seguros al transitar por sus calles. Además, ya no sienten temor al denunciar hechos delictivos, pues la posibilidad de que las pandillas buscaran venganza se ha vuelto considerablemente menor desde la llegada del presidente millenial.

Claro que no ocurre lo mismo con los familiares de algunos reos, ni mucho menos con ciertas organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos, pues este sector, ciertamente, se manifiesta abiertamente en contra del modelo carcelario impuesto por N. Bukele. Han denunciado detenciones arbitrarias y masivas, irrespeto a la presunción de inocencia como principio jurídico fundamental, así como también discriminación basada en la apariencia física y en la posesión de tatuajes. Ya dentro del establecimiento, acusan al oficialismo de proveer malos tratos hacia los encarcelados, que incluyen hacinamiento, golpizas, castigos, e incluso muertes bajo signos de violencia.

Apuesta al disciplinamiento infantil

El joven Presidente se encargó de que su estricto paradigma disciplinario no se limitara únicamente al ámbito delictivo y/o carcelario, sino que también lo extendió a otros, tales como el educativo. ¿El objetivo? Que los niños, desde muy pequeños, reciban una formación integral, que incluya herramientas que les permitan insertarse correctamente en la sociedad, respetando las normas y reconociendo a las autoridades.

Para lograr el cometido, este 2025 se nombró a la médico y funcionaria militar Karla Trigueros como nueva ministra de educación. La flamante dirigente exige a los alumnos de colegios públicos cumplir con ciertos requisitos —que tienen que ver con el cuidado de la imagen personal— tales como lucir el uniforme limpio y planchado, llevar zapatos lustrados y, en el caso de los varones, usar cabello corto. Fuera de los aspectos meramente estéticos, también se apunta a que el estudiantado aplique fórmulas de cortesía en su cotidianeidad, por ejemplo, al momento de saludar a sus docentes. Las sanciones por comportarse indebidamente varían según la gravedad de la falta, aunque van desde la realización de tareas de limpieza dentro del establecimiento escolar hasta la suspensión de cursos.

Este nuevo plan tampoco ha estado exento de críticas provenientes de la oposición local y de observadores extranjeros. No han faltado quienes lo valoran como un proyecto autoritario, que impone, innecesariamente, demasiadas exigencias a niños de corta edad. Pero, al igual que ocurre con su programa de seguridad, el gobierno hace oídos sordos a los cuestionamientos y sigue adelante. El propósito es claro (e importante): Prevención. Sencillamente, N. Bukele y su equipo buscan evitar que los centros educativos vuelvan a ser víctimas de las maras, quienes antiguamente solían tener el control de dichos establecimientos, delinquiendo, aviolentando y captando nuevos miembros para sus pandillas.

Un Presidente aggiornado

Como una forma de responder con ironía a sus más duros críticos, el propio N. Bukele se autodenominó «el dictador más cool del mundo mundial» en redes sociales. Y es que el líder es conocido por su intenso uso de este tipo de plataformas, principalmente X (antes Twitter). Allí, informa a la ciudadanía acerca de sus políticas y proyectos, e interactúa con ella de forma constante. Esta característica —tan propia de su generación— sumada a sus dotes personales de comunicación, facilitan su conexión con la gente, particularmente con los jóvenes.

Por otra parte, es un defensor de las nuevas tecnologías. Como tal, ha implementado algunas iniciativas en pro de avanzar a la máxima digitalización de servicios gubernamentales. Promueve su uso en la administración pública para mejorar su transparencia y eficiencia. Algo que, en realidad, contrasta con la postura de sus opositores, quienes le reclaman mayor rendición de cuentas y lo acusan de opacidad en la toma de decisiones.

En lo que respecta a economía, sus programas y decretos también han sido controversiales. En septiembre de 2021, por ejemplo, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar las criptomonedas —concretamente, el Bitcoin—como moneda oficial. N. Bukele encuentra que estas representan una gran oportunidad para reducir los costos de las transacciones de su país, así como también para mejorar la inclusión financiera. Sus detractores, por el contrario, temen por su volatilidad.

Expectativas para el corto/mediano plazo

N. Bukele ha tenido un crecimiento político tan exponencial como polémico. Primeramente, en las elecciones de 2019, supo derrotar al sistema bipartidario (compuesto por FML y ARENA) que venía repartiéndose los mandatos presidenciales desde hacía décadas. Gracias a sus buenos resultados en materia de seguridad ciudadana, su popularidad comenzó a crecer como espuma y, de esa forma, logró reunir el apoyo civil necesario para hacerse con la mayoría absoluta en el Parlamento en 2021. Con semejante comodín en mano, no se le hizo difícil acaparar más y más poder, llegando incluso a sustituir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y fiscales por individuos afines.

Su segundo mandato, iniciado el 1 de julio de 2024, también generó polémica. Ocurre que, en principio, el mandatario no estaría autorizado constitucionalmente para participar en la campaña electoral que buscaba su reelección, pero gracias a algunas enmiendas en la Carta Magna, logró competir y resultar vencedor de los comicios con más del 85% de los votos.

A pesar de sus altos niveles de aprobación pública, no es posible obviar que existen ciertas acciones que contribuyen a erosionar la democracia de cualquier país. Desmantelar la Corte Suprema, la Fiscalía y los medios de prensa opositores es, en definitiva, desmantelar los contrapesos institucionales de un gobierno. Y eso es lo que, desafortunadamente, parece estar ocurriendo hoy en El Salvador.

Sorprendentemente (o no), los salvadoreños no se opusieron de manera uniforme a los cambios constitucionales aprobados por sus legisladores el pasado 31 de julio. Aunque esto puede resultar incomprensible para ciertos observadores, existe una justificación simple para esto: el éxito de N. Bukele en el restablecimiento de la seguridad hace que ya no importe tanto si los mecanismos utilizados para alcanzar el objetivo son o no legítimos, siempre y cuando sigan siendo eficaces. Mientras lo sean, el apoyo al bukelismo seguirá intacto.

No obstante, cabe preguntarse cuánto puede durar ese apoyo ciudadano incondicional. Es claro que los problemas de un país —cualquiera sea— no se limitan únicamente a lo delictivo. En el caso de El Salvador, por ejemplo, podría sumarse la necesidad de promover un mayor crecimiento económico. A propósito, un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) da cuenta que, actualmente, casi un 40% de la población considera que la economía es el principal problema del país, mientras que más de un 75% estima que la seguridad es lo mejor que está ocurriendo en dicho territorio. Esto demuestra que, en poco tiempo, N. Bukele deberá ocuparse de atender —también— este asunto. ¿Qué ocurrirá, entonces, con la popularidad del mandatario? ¿Podrá hacer frente a ambos aspectos al mismo tiempo sin perder el equilibrio ni la credibilidad?

En ese sentido, hay analistas que creen que la reforma constitucional más reciente no fue más que una táctica para sortear futuras dificultades y que, en caso de que la popularidad del líder llegara a bajar, este ya tendría asegurada su reelección, consolidando así un auténtico proyecto autoritario que le permitiría perpetuarse en el sillón presidencial.

Sea como sea, el caso deja una clara advertencia: la ausencia de límites y controles que sirvan de contrapeso al poder nunca debería ser normalizada, aún bajo las excusas de la eficacia o la popularidad. Y es que, si tal cosa ocurriera, sentaría un peligroso precedente incluso para otros países de la región, pues serviría de modelo y allanaría el camino para que cualquier régimen pueda convertirse en autoritario sin siquiera tener que apelar a golpes de Estado o censuras directas.

El Salvador puede estar en grave peligro, pues dispone de tres elementos clave para ser catalogado como un país que va camino a la deriva democrática: 1) un gobierno que cuenta con una mayoría parlamentaria 100% afín —y sometida— a la figura de N. Bukele; 2) una ciudadanía encontró en el joven mandatario al único actor político que fue capaz de pacificar el territorio y, por tanto, avala a su protector sin cuestionar sus mecanismos de acción; y 3) un presidente que, desde su llegada al poder, ha puesto en práctica una potente estrategia comunicacional, que intenta —con éxito— seducir a los civiles.

Reflexiones finales

Blancos y negros

Desde su llegada al poder en 2019, N. Bukele ha revolucionado —para bien o para mal— el panorama político salvadoreño. El líder supo ganarse el respeto y la aprobación de sus ciudadanos por varios motivos, aunque el principal tiene que ver con su combate a la violencia y a la inseguridad. Sus políticas han logrado revertir las estadísticas negativas de su país y lo han transformado en uno de los más seguros del continente americano. Pero no todo es color de rosas. Mientras que algunos aplauden su gestión, otros sectores poblacionales (medios de comunicación opositores, familiares de reclusos, organizaciones sociales…) la rechazan, pues acusan al mandatario de cometer violaciones a los derechos humanos de forma sistemática y de coartar las libertades de expresión.

Así las cosas, de momento, el mundo observa con atención lo que ocurre en la nación centroamericana. Vista desde el extranjero, la situación es incomprensible, pero a la vez comprensible. Tiene sentido, pero no lo tiene. Y es que: ¿Cómo es posible que un individuo que actúa de forma tan autoritaria cuente con semejante respaldo civil? Pero, al mismo tiempo: ¿Cómo un salvadoreño podría no estar agradecido y reprobar la gestión del único mandatario que ha logrado devolver el orden y la tranquilidad a las calles de su país?

¿Regresión democrática?

Las encuestas de opinión pública favorecen al líder salvadoreño, puesto que un enorme porcentaje de su población lo avala. No obstante, estas cifras no son, necesariamente, indicadoras de democracia. Para que un país alcance un status medianamente decente en esa materia, es fundamental que se constate la existencia de respeto a las reglas electorales, a la pluralidad de partidos políticos y a los límites que sirvan como contrapeso al poder, entre otros. Desafortunadamente, esos puntos no se están cumpliendo en El Salvador, y sus retrocesos encienden alarmas fuera de fronteras.

Peligros del hiperpresidencialismo

Las reales intenciones de N. Bukele para con su país podrían ser nobles, pero también podrían no serlo. Esa es una incógnita que solo el tiempo resolverá. Mientras tanto, lo que sí resultan innegablemente controvertidas son sus formas. Sucede que la misma popularidad le ha permitido concentrar cada vez más poder, es la que lo ha convertido en una suerte de líder hiperpresidencialista. Si bien es claro que no existe un modelo de gobierno perfecto, aquel que le otorga la soberanía —exclusiva— al ejecutivo, tiende a tener más defectos que virtudes, pues suele traer consigo ciertos riesgos, tales como la interpretación laxa de las normas electorales, la falta de independencia judicial, la eliminación de controles que sirvan de contrapeso, la erosión de derechos civiles, la pérdida de libertades de expresión y/o la desvalorización de las instituciones.

Aunque su gobierno puede ser más o menos legítimo según el cristal con que se lo vea, es razonable que hoy la comunidad global ponga sus ojos sobre la nación caribeña dirigida por N. Bukele. No se debe caer en el prejuicio ni en la crítica fácil, ya que sus conciudadanos respaldan con creces su accionar. Y como voluntad popular, eso debe respetarse a toda costa. Empero, considerando que las recientes modificaciones constitucionales afectan directamente al sistema electoral salvadoreño y, con este, a las libertades civiles, no se debería dejar de custodiar el desarrollo de estos hechos. Es bien sabido que, en muchas oportunidades, el límite entre democracia y autocracia puede ser difuso. Es claro que el orden y las normas son imperiales para una convivencia social pacífica y armoniosa, pero tampoco resulta justo tener que entregar la democracia y la libertad a cambio. Urge hallar un equilibrio: un voto no es un cheque en blanco.

^{_{*Foto de portada: Ilustración de Nayib Bukele, elaborada por el artista colombiano Jorge Luis Rincón Roberto | Créditos: Pinterest.}}

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