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🇻🇪 | ¿Soberanía o libertad? ¿Doctrina Monroe/Donroe o R2P? ¿Efecto dominó o caso excepcional?

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Agonía venezolana

El pasado 3 de enero, Estados Unidos llevó adelante una rápida y contundente operación militar en Caracas. La intervención, denominada «Resolución absoluta», logró derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero para entender mejor lo ocurrido, antes es necesario recordar los diagnósticos que, ya en 2024, se establecieron en el artículo «Apuntes sobre el descalabro venezolano» de ESCANEO POLÍTICO. Allí se intentaba explicar cómo, en las últimas décadas y gracias a una serie de decisiones políticas erráticas, el país caribeño fue cayendo en un abismo de difícil salida.

En ese sentido, la policrisis que hasta el día de hoy afecta a los venezolanos se explica por dos grandes factores:

1) Desarticulación institucional: Tras el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013, N. Maduro asumió el sillón presidencial. Desde entonces, su régimen se encargó de perfeccionar un sistema donde la justicia y el sistema electoral no eran más que extensiones del Poder Ejecutivo, algo que quedó en evidencia con las elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024. Y es que, en ese momento, el líder se autoproclamó vencedor gracias a la complicidad de ciertos entes públicos y sin mostrar las actas oficiales a la ciudadanía. El hecho suscitó profundas críticas a nivel mundial, ya que numerosos observadores internacionales constataron graves irregularidades en el proceso de sufragio, confirmando lo que el mundo ya sabía: el madurismo gobernaba sin consentimiento popular. Como si eso fuera poco, a la poca tolerancia hacia la oposición política y a la represión de civiles manifestantes mediante el uso de la fuerza, se le añadía el encarcelamiento, la inhabilitación y el forzado al exilio a contrincantes políticos. El atentado contra las libertades de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados —que se plasmaba a través de la continua vigilancia sobre medios de comunicación— eran moneda corriente, al igual que los reiterados hechos de corrupción vinculados con políticas públicas.

2) Economía de supervivencia y control excesivo: De 1999 a 2013, durante el gobierno de H. Chávez, la economía venezolana supo verse beneficiada por el auge petrolero del momento. Fueron tiempos de enorme gasto público, ya que buena parte del dinero obtenido a partir de las exportaciones de crudo se invertía en programas sociales masivos. Dicha política, a mediano plazo, trajo como consecuencia un importante aumento en la deuda externa. Por otra parte, la fuerte intromisión estatal en la vida privada de los ciudadanos también comenzaba a hacerse sentir. Y es que el régimen empezó, entre otras cosas, a expropiar y a redistribuir tierras (provocando enorme malestar en el clave sector agrícola), así como también a controlar precios de bienes y servicios (causando escasez de alimentos e insumos médicos y, cómo no, aumentando fuertemente los niveles de inflación). Con la llegada de N. Maduro al poder, la situación no hizo más que agravarse y, a los anteriores problemas, se le sumaron la pobreza, el desempleo, la delincuencia y los saqueos a comercios. La crisis en la industria petrolera sumó más leña al fuego, ya que, gracias a la falta de inversión, la mala gestión y el impacto de las sanciones internacionales, la producción cayó a mínimos históricos. Así, mientras los ciudadanos de a pie luchaban por subsistir, el régimen utilizaba los —pocos— recursos con lo que contaba el Estado para mantener la lealtad de su cúpula militar y blindarse contra las sanciones externas.

Crisis humanitaria y rupturas diplomáticas

Como consecuencia de lo anterior, el éxodo migratorio de venezolanos fue inevitable, trayendo consigo una auténtica catástrofe humanitaria que llegó, incluso, a generar fuertes presiones en países vecinos, principalmente en Colombia.

Para colmo de males, la desconexión diplomática entre Venezuela y la comunidad internacional llegó a ser absoluta. Y es que el mundo se estaba quedando sin herramientas para lidiar contra el intransigente N. Maduro, pues ni los castigos financieros, ni los bloqueos comerciales impuestos parecían surtir efecto. Tampoco fue de utilidad la búsqueda de intermediarios (como los presidentes de Brasil, Colombia o México) para el diálogo amable.

Escalada de conflictos con Estados Unidos en 2025

Desde 2019, el país norteamericano y Venezuela mantenían sus relaciones diplomáticas suspendidas a razón de que el primero no reconocía como presidente legítimo a N. Maduro, pero sí al líder opositor Juan Guaidó (quien hasta el día de hoy se encuentra en condición de exiliado político).

Años más tarde, con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, los vínculos bilaterales entre ambas naciones se dañaron aún más. El líder estadounidense, firme opositor ideológico de N. Maduro, no dudó en reforzar las medidas punitivas que ya se venían aplicando, y a eso también le sumó el endurecimiento de políticas migratorias, por ejemplo, complejizando los requisitos de ingreso de venezolanos a tierras estadounidenses y limitando la emisión de visados de turismo, negocios y/o estudios. En el último trimestre de 2025, tras un año verdaderamente complejo, repleto de desencuentros y acusaciones cruzadas, Estados Unidos decidió desplegar presencia naval en la zona del Caribe. Todo con el fin de combatir el narcoterrorismo de buques que, a criterio de la potencia, es liderado por el gobierno venezolano.

2026: ¿Jaque mate al madurismo?

Operación «Resolución absoluta»

Ya con la llegada de 2026, el caos entre ambas naciones terminó por desatarse. Todo se resume en que la madrugada del 3 de enero el mandatario estadounidense D. Trump ordenó un bombardeo a la capital venezolana, Caracas. El episodio culminó con algunos civiles y militares fallecidos en ambos bandos, pero también con la captura del presidente sudamericano y su esposa, Cilia Flores, por parte de los norteamericanos. En este sentido, es válido destacar que, aunque el poder de la primera dama no esté institucionalizado ni sea fácilmente medible, existe: su perfil discreto no le ha impedido ejercer un rol consejero clave dentro del ejecutivo.

Tanto N. Maduro como C. Flores fueron posteriormente trasladados a Nueva York, concretamente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brookyn), sitio en el que actualmente se encuentran recluidos bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Allí, el matrimonio enfrenta acusaciones por delitos graves que incluyen narcotráfico y narcoterrorismo, cargos sobre los cuales ambos se autodeclararon inocentes el pasado 5 de enero ante un tribunal federal.

Reacciones de la comunidad internacional

Como era de esperarse, la noticia del conflicto entre la potencia norteamericana y el país caribeño tuvo repercusiones internacionales mixtas, siendo condenada por líderes afines a N. Maduro como Miguel Díaz Canel (Cuba) o Vladímir Putin (Rusia), y celebrada por opositores a este, tales como Javier Milei (Argentina).

Actores como el bloque de la Unión Europea, en tanto, optaron por tomar una postura intermedia, ya que, si bien no reconocen a N. Maduro como presidente, cuestionan la legalidad de una intervención militar de este tipo. Por eso, se muestran favor de la desescalada y exigen respeto por las normas del Derecho Internacional, apostando al diálogo pacífico.

Por otra parte, ha de destacarse el comunicado conjunto publicado por Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay el pasado 4 de enero. En él, el grupo de naciones expresa «profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela» por el hecho de infringir «principios fundamentales del derecho internacional», tales como «la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas», advirtiendo que «estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil». En tal sentido, promueven que la situación venezolana se resuelva exclusivamente a través de «vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas».

Consecuencias políticas inmediatas en Venezuela

Los principales efectos instantáneos de la operación «Resolución Absoluta» han sido:

1) Presidencia provisional venezolana: Tras la intervención estadounidense y el reclutamiento de N. Maduro por parte de sus autoridades, el país petrolero quedó en una situación de vacío de poder. Ante la ausencia de su máximo representante, la Constitución de Venezuela establece que el/la vicepresidente de turno debe suplirlo y, por ende, el Tribunal Supremo de Justicia nombró a Delcy Rodríguez como presidente interina.

2) Estados Unidos como árbitro: El propio D. Trump ha declarado públicamente que estará a cargo de la vigilancia de Venezuela hasta que esta logre completar su proceso de transición democrática y, además, ha designado al Secretario de Estado, Marco Rubio, como tutor responsable de tal tarea. La potencia norteamericana ha presentado un plan compuesto por tres fases: 1) Estabilización (donde se apuesta a la continuidad administrativa, pero solo se deposita la confianza en los sectores más moderados del madurismo, con el fin de no generar cambios bruscos que puedan acrecentar los riesgos de desorden interno); 2) Recuperación económica y social (donde se intenta reactivar el sistema financiero estatal mediante la inyección de capital estadounidense en infraestructura energética, algo que permitiría que Venezuela pudiera volver a ser comercialmente competitiva en el mundo occidental); y 3) Transición democrática y elecciones (donde se da inicio a una etapa de reconciliación nacional que incluye amnistías, liberación de presos políticos y retorno de venezolanos exiliados, pero que también supone el relevo político a través de la fijación de un calendario de sufragios).

3) Acercamiento diplomático: En este nuevo período de diálogo, tanto Estados Unidos como Venezuela han iniciado gestiones para restablecer sus vínculos lazos bilaterales. Ambos evalúan la reapertura gradual de sus respectivas embajadas, poniendo fin a casi 7 años de distanciamiento.

Sin embargo, para interpretar los hechos de forma más integral, es preciso añadir algunos datos clave:

● Previo a su asunción como presidente encargada, D. Rodríguez se desempeñaba como vicepresidente ejecutiva, pero también como Ministra de Hidrocarburos. A pesar de las dudas internas y los recelos externos, se trata de una figura clave dentro del chavismo/madurismo que, a diferencia de figuras más radicales, se caracteriza por un mayor nivel de moderación y por buenos dotes de interlocución estratégica. Eso quedó demostrado justo al momento de discursar como nueva (temporal) responsable de dirigir las riendas políticas venezolanas, ya que, en principio, comenzó denunciando la ilegalidad de la captura de N. Maduro y defendiendo la soberanía de su país, pero, inmediatamente, se mostró abierta a dialogar y cooperar con Estados Unidos. Esta postura de dualidad, más que una cesión ideológica, debería ser interpretada como una maniobra de supervivencia política: la de mostrarse firme frente a sus compatriotas al subrayar que no aceptará tutela extranjera, pero, al mismo tiempo, pragmática al momento de interactuar con «el invasor».

● A nivel de militancia política y como consecuencia de los eventos acontecidos, el bloque oficialista venezolano se ha fracturado. Mientras que algunos avalan la gestión de D. Rodríguez para mantener la supervivencia del sistema, otros simpatizantes, mandos militares y líderes locales —generalmente pertenecientes a sectores más radicales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)— denuncian una «agresión imperialista» y su rechazo a entregar soberanía. Esto, ciertamente, marca un choque de posturas difícil de ignorar: Jorge Rodríguez (hermano de D. Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional) es una de las figuras que se encuentran dentro del «bando» de los mesurados. En el otro extremo se ubican actores políticos como Vladimir Padrino López (Ministro de la Defensa de Venezuela) o Diosdado Cabello (Ministro del Interior). Tras el ataque estadounidense en Caracas, el primero ordenó el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, buscando transmitir un mensaje de control y firmeza frente a la presión externa. El segundo, en tanto, montó una puesta de escena en las calles de la capital venezolana, donde apareció rodeado de fuertes dispositivos de seguridad que incluyeron el uso de cascos y chalecos antibalas. Si bien ambas actitudes buscaban reforzar la idea de cohesión madurista, lo cierto es que también evidenciaron el clima de inseguridad que rodea a su cúpula y, cómo no, las pujas internas por suceder a N. Maduro.

● Sorpresivamente (o no), D. Trump ha respaldado a D. Rodríguez de forma casi automática. Esta decisión ha generado enorme revuelo mediático, pero también malestar en algunos sectores concretos, ya que, con esta, la oposición ha quedado relegada a un papel secundario en la transición. Sin embargo, la acción del mandatario guarda cierta lógica: apoyar una gestión interina para evitar un vacío de poder total y, a su vez, facilitar una transición más controlada.

● Respecto al punto anterior, hay algunos analistas que manejan teorías adicionales para explicar la actitud del magnate, entendiendo que esta tiene que ver con una cuestión de estrategia pura: A pesar de mantener la narrativa a favor de la oposición política —liderada por figuras como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia—, el líder estadounidense no oculta sus intereses energéticos y, de hecho, ha declarado públicamente que uno de sus cometidos centrales es el de estabilizar la producción petrolera de la nación caribeña a través de inversiones en infraestructura y contratos con empresas estadounidenses. Por tal motivo, los intentos de mantener vínculos cordiales con D. Rodríguez tienen mucho sentido. Y es que, gracias a los antiguos cargos que ha desempeñado, esta última cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para repuntar la industria y comercialización de petróleo de forma conjunta. En cualquier caso, D. Trump podría estar tanteando qué interlocutores le garantizarían un mejor acceso a los bienes a los que él aspira.

● A pesar de algunas buenas noticias, dadas las circunstancias, la oposición venezolana se encuentra en una posición un tanto compleja. Sucede que, aunque muchos celebraron la salida de N. Maduro, ahora se sienten frustrados por el hecho de que D. Rodríguez (mano derecha del depuesto líder) retenga el poder y que, para colmo de males, Estados Unidos parezca estar aceptándolo sin oponer resistencia alguna. Tanto M. C. Machado como E. González Urrutia aseguran sentirse preparados para asumir el mando de Venezuela, ya que consideran que en son ellos quienes en realidad deberían estar gobernando el país. Su argumento se basa en la victoria que un amplio porcentaje de observadores internacionales le otorgó al segundo tras los polémicos comicios presidenciales de julio de 2024. En aquel momento, N. Maduro se autoproclamó ganador sin presentar pruebas al pueblo.

● En otro orden, aunque también vinculado a cuestiones de cooperación, tanto Venezuela como Estados Unidos trabajan en la paulatina reapertura de sus respectivas embajadas. A eso también se le añade una eventual flexibilización de sanciones y la retoma de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto implicaría dos cosas: una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones luego de 7 años de ruptura, pero también un importante reordenamiento geopolítico en materia de comercio, pues los cargamentos que antes se dirigían a China, ahora cambiarán de destino.

Así las cosas, actualmente los venezolanos viven una suerte de «híbrido político» en el que el aparato chavista/madurista sobrevive bajo el liderazgo de D. Rodríguez, pero opera bajo una intensa presión y supervisión de Estados Unidos. La incertidumbre electoral es, por tanto, parte de él: Aún no hay un calendario pautado para llevarlas a cabo, ni tampoco existe un consenso para determinar en qué condiciones se realizarían. En este sentido, los próximos meses serán claves para determinar si el país se encamina hacia una verdadera transición o si, por el contrario, avanza hacia una etapa de protectorado geopolítico sin caducidad fijada.

Dilemas éticos

Por el simple hecho de implicar cuestiones éticas y humanistas, esta clase de acontecimientos suelen generar profundos choques de posturas dentro de la opinión pública. El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, naturalmente, no ha sido la excepción a la regla. Los ciudadanos estadounidenses y venezolanos implicados, así como también los observadores externos, se encuentran polarizados en dos grandes bloques: uno a favor del arbitraje liderado por D. Trump, y el otro, en su contra.

Soberanía vs. Derechos Humanos

La visión soberanista se muestra a favor de la autodeterminación de los pueblos y, por ende, crítica ante la intervención militar unilateral de Estados Unidos. Sostiene que, con su accionar, la potencia norteamericana ha violado el derecho internacional y el principio de soberanía nacional que se encuentra establecido en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas.

La visión pragmática, en cambio, defiende las ideas de «seguridad regional» y «legítima defensa» dos elementos que, por cierto, son altamente priorizados durante la actual administración de D. Trump. En esa misma línea, los partidarios de este paradigma aseguran que el propio N. Maduro ya había renunciado a la soberanía de su país al no salvaguardar a sus ciudadanos de crímenes de lesa humanidad, torturas y crisis humanitarias. Bajo este enfoque, entonces, el país norteamericano no actúa como un «invasor», sino como una suerte de «fuerza estabilizadora» frente a un Estado que no era más que una plataforma para el narcotráfico, con todo lo que ello implica. Entendiéndolo de ese modo, la permanencia de N. Maduro en el poder resultaba una amenaza directa a la salud pública y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, pero también a las del continente americano todo.

A partir de estas posturas encontradas surgen —o más bien, resurgen— dos conceptos clave: por un lado, el de «Doctrina Monroe/Donroe» y, por otro, el de «Responsibility to Protect (R2P)».

Posible efecto dominó

Aquellos que se muestran contrarios a la postura estadounidense aseveran que el hecho puede sentar un precedente peligroso. Temen que el «uso de la fuerza» se convierta en la nueva norma para resolver conflictos ideológicos en América Latina. En ese sentido, Cuba y Nicaragua aparecen como dos casos «a vigilar», ya que sus actuales contextos sociopolíticos podrían provocar una nueva intromisión norteamericana por el simple hecho de no alinearse a sus posturas.

Hay quienes, por el contrario, aseguran que, siempre y cuando las democracias sean lo suficientemente sólidas, el miedo hacia un posible «efecto contagio» resulta absolutamente infundado. En este caso, entonces, la intervención en Venezuela debería entenderse como un caso excepcional debido a la magnitud de la crisis humanitaria, pero no como una receta aplicable a cualquier gobierno de oposición. Aquí cabe, además, la «hipótesis de la Justicia», que argumenta que con la intermediación estadounidense, poco a poco, se irá desmantelando el aparato represivo de N. Maduro. Con ello, se abrirá la posibilidad de que organismos internacionales (como la Corte Penal Internacional) puedan actuar en el terreno y, de esta manera, la ofensiva serviría como castigo ejemplar para que líderes autoritarios se mantengan a raya, sabiendo que tendrán que pagar las consecuencias en caso de sobrepasar los límites.

Intereses estratégicos

No faltan quienes consideran que, detrás del arbitraje de la potencia norteamericana podrían existir intereses «ocultos» vinculados, principalmente, a los recursos naturales de la nación caribeña (entiéndase, lógicamente, el petróleo: su principal riqueza). Sin embargo, el propio D. Trump se ha encargado de señalar abiertamente que dicho compuesto fue una motivación fundamental para llevar adelante la operación militar del pasado 3 de enero. Prueba de ello es su anuncio público, efectuado tan solo 7 días después del suceso, en el que informa acerca de un mutuo acuerdo de cooperación comercial de oro negro, evidenciando que nunca ha tenido la intención de esconder sus propósitos.

A sabiendas de las pretensiones del mandatario estadounidense, hay quienes rechazan esta actitud de «oportunismo» y se muestran partidarios de la cooperación internacional basada en principios de solidaridad. Muchos ciudadanos venezolanos y actores internacionales opositores a N. Maduro, en cambio, anteponen la libertad ante la soberanía y, por eso, defienden la operación estadounidense con un argumento que se centra en el balance costo/beneficio. Se preguntan si, acaso, la estabilización de Venezuela y su reintegración al mercado energético global bajo estándares occidentales no es preferible antes que la explotación opaca de recursos que desde hace décadas venía financiando la estructura autoritaria del presidente venezolano. Estiman que la promesa de prosperidad de D. Trump mediante la llegada de inversiones provenientes de empresas estadounidenses, les devolverá la estabilidad financiera perdida, mejorando su calidad de vida y permitiéndoles, además, obtener el capital necesario para reconstruir las infraestructuras generales del país. Y todo fuera del control de la OPEP+ y su administración turbia: un auténtico win-win (ganar-ganar).

El día después

Primeramente, podrían mencionarse tres posibles escenarios posibles para Venezuela: 1) El de una sucesión constitucional (en la que D. Rodríguez debería convocar a elecciones en los próximos 30 días y el vencedor de dichos comicios asumiría la presidencia hasta 2032) 2) Una transición liderada por la oposición (en la que el auténtico ganador de las elecciones de 2024 que hoy se encuentra exiliado en España, E. González Urrutia, tendría un rol elemental); o 3) Un posible quiebre interno dentro de las Fuerzas Armadas (ya que, aunque el ministro de Defensa Vladimir Padrino López haya condenado los ataques de Estados Unidos y haya advertido que Venezuela resistirá cualquier invasión militar extranjera, no se descartan fisuras si la crisis se prolongara demasiado, o bien, si el vacío de poder se consolidara aún más).

Sin embargo, la situación actual es mucho más compleja e incierta, y resulta sumamente difícil vaticinar cuál será el destino de Venezuela. Sucede que, en realidad, su futuro parece estar dependiendo más de Estados Unidos que de ella misma. En ese sentido, como tras la captura de N. Maduro el desafío no es solo sacar al líder del poder, sino reconstruir el tejido social y la devastada economía, surgen infinitas interrogantes que, hasta hoy, no tienen respuesta. Muchas de ellas se relacionan a las dudas Estados Unidos será o no un «buen árbitro político» mientras se produce la tan anhelada transición democrática:

● Gobernanza: ¿Quién ejerce el poder real al día de hoy? ¿Cuánto durará el mando interino de D. Rodríguez antes de convocar a elecciones? ¿Será Estados Unidos un «buen árbitro político» mientras se produce la tan anhelada transición democrática? ¿Qué rol tiene (y tendrá) la oposición en el proceso?

● Cúpula chavista/madurista: ¿Cuál será la condena judicial definitiva de N. Maduro? ¿Qué sucederá con líderes afines a su figura, tales como D. Cabello o V. Padrino López? ¿Habrá más capturas o, por el contrario, se podrá negociar la salida pacífica de quienes previo al ataque ostentaban del poder? ¿Habrá resistencia armada por parte de sectores más radicales del madurismo? ¿Cuál es nivel de lealtad (remanente) en las Fuerzas Armadas, antiguamente cómplices del régimen? ¿Podrían las acciones de este colectivo u otro colectivo derivar en focos de insurgencia interna?

● Diplomacia: ¿Fue la de Estados Unidos una operación legítima? ¿Ha violado la soberanía venezolana y la Carta de la ONU con su accionar? ¿Existía otro camino distinto al de la vía militar para fracturar el poder autoritario de N. Maduro? ¿Tomarán los países de la región medidas especiales para protegerse de posibles intervenciones extranjeras dentro de sus territorios?

● Economía y sociedad: ¿Cuándo comenzarían a visualizarse los primeros indicadores de recuperación económica en el país caribeño? ¿Se levantarán todas las sanciones financieras y los bloqueos comerciales impuestos? ¿Será posible reconstruir su infraestructura básica y restablecer el abastecimiento de servicios esenciales en el corto/mediano plazo? ¿Podrán regresar a su tierra los venezolanos exiliados?

Entre la esperanza y el miedo

Más allá de cualquier disputa geopolítica, lo que reina en los venezolanos de a pie es la incertidumbre. Algunos se sienten aliviados por la detención de N. Maduro. Otros, en cambio, temen ante el surgimiento de represalias o ante el aumento de la inestabilidad o la violencia. La única certeza es que, tras la actuación estadounidense, Venezuela pasó de ser un régimen autoritario a ser un país intervenido militarmente y sometido a la supervisión directa de la potencia norteamericana. No es sencillo vaticinar qué pueda llegar a ocurrir en el futuro cercano.

Sin embargo, en las últimas semanas vienen teniendo lugar ciertas señales que, aunque discretas, evidencian que el entorno comienza a reconfigurarse, tales como las excarcelaciones de presos políticos y la moderación en el tono de las declaraciones oficiales. Además, la Asamblea Nacional ya anunció que se realizará una reforma integral del sistema jurídico: se simplificarán y modernizarán aspectos vinculados a lo ambiental, civil, comercial, electoral y social.

El peso de las ideologías políticas

Es posible constatar que los dilemas éticos surgidos a partir del evento entre Estados Unidos y Venezuela , además de responder a valores personales, en muchos casos, también responden a ideologías políticas.

Para ejemplificar lo anterior, solo basta con atender el llamativo cambio posturas, tanto de los seguidores como los detractores de N. Maduro, respecto a un mismo fenómeno, como puede ser el de la injerencia extranjera. No es posible negar la presencia de inteligencia y fuerzas de países como China, Irán y Rusia en territorio venezolano. Se trata de un hecho constatado, que se manifiesta a través de alianzas estratégicas que abarcan lo militar, lo tecnológico y lo económico/comercial. Las tres naciones recién mencionadas tienen algo en común, y es que son importantes aliadas del régimen del presidente caribeño. Por tal motivo, el oficialismo defiende el vínculo con ellas a capa y espada, pues necesita de su respaldo para contrarrestar la presión de Estados Unidos y sentirse fortalecido, aun teniendo que ceder en diversos aspectos soberanos y autonómicos. La oposición, sin embargo, cuestiona estas relaciones, ya que critica la opacidad de los acuerdos entre gobiernos, siempre a espaldas de los ciudadanos, y los posibles intereses ocultos.

Con Estados Unidos, y sobre todo, tras los hechos ocurridos a comienzos de 2026, ocurre exactamente lo mismo. El madurismo ve al país norteamericano como un enemigo «imperialista» que solo busca injerir en asuntos que no le incumben, buscando expandir su poder e intentando cambiar un régimen a través de la fuerza. En contraparte, los venezolanos opositores a N. Maduro se mantienen esperanzados en que el presidente D. Trump es el único actor capaz de devolverles su democracia y su libertad, aun a pesar de tener que transferir sus recursos naturales a cambio.

Lo anterior pone en evidencia que muchas de las posturas a favor o en contra de un determinado bando dependen, en definitiva, de qué tanta afinidad ideológica se tenga con él. Esto no es un fenómeno bueno ni malo per se, pero puede condicionar el razonamiento objetivo y práctico. En ese sentido, lo correcto sería medir las acciones a partir de sus resultados, y no en base a los niveles de amistad o enemistad que se tenga con su ejecutante.

El balance ante una crisis real

Para encontrar una salida (justa) a esta compleja encrucijada, en primer lugar, se necesita reconocer lo obvio: la poli-crisis venezolana y su altísimo coste humanitario. Más allá de cualquier postura político/partidaria, a estas alturas sería absurdo negar que el escenario es caótico.

Desde hace décadas, la nación petrolera afronta múltiples problemas, que han dejado cicatrices y heridas difíciles de cerrar: Más de 8 millones de civiles desplazados, hambre, colapso de servicios públicos e infraestructuras (que incluye problemas de abastecimiento energético y de agua potable por falta de mantenimiento e inversión, además de un grave deterioro en el sistema de salud derivado de la escasez de insumos básicos, medicamentos y personal médico), represión policial y constantes violaciones de los Derechos Humanos (a través de prácticas como ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros y detenciones arbitrarias para silenciar a la oposición política), al excesivo control social y político (materializado en la utilización de ayuda alimentaria como herramienta de premio/castigo según apoyo/rechazo al régimen), aniquilación del Estado de Derecho, economía e industria en ruinas (manifesta en la desigualdad y en la pérdida de movilidad social, así como también en los altos niveles de hiperinflación y en los aumentos de desempleo), corrupción gubernamental y desvío de fondos públicos, son tan solo algunas de las devastadoras consecuencias que han traído consigo las administraciones de H. Chávez y, especialmente, las de su sucesor N. Maduro.

Sin lugar a dudas, el país caribeño necesita un cambio estructural, profundo y urgente. La comunidad internacional es consciente de ello y, por eso, desde hace ya varios años, viene buscando formas de cooperar e intermediar a través de todas las vías diplomáticas posibles. Pero quizás sea momento de reconocer que el efecto real de las herramientas aplicadas viene siendo prácticamente nulo y que la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero marcó un auténtico punto de inflexión.

Si bien es claro que las operaciones de fuerza deberían ser siempre la última opción, ya que lo correcto sería apostar primero por el institucionalismo y el diálogo, la realidad ha demostrado —y con creces— que aplicar cualquiera de esos dos mecanismos con un líder tan intransigente como N. Maduro resulta absolutamente inviable. En este sentido, solo basta preguntarse si es que acaso existía otro camino que no fuera una intervención directa para lograr derrocar a un régimen tan autoritario y dañino. Claro que esto no se trata de justificar la actitud de D. Trump y sus militares, sino de matizar las críticas negativas.

A fin de cuentas, la gravedad de la situación ya no admitía tibiezas. Y aquí el asunto no va de simpatías o antipatías políticas, sino de resultados efectivos ante tanta injusticia humanitaria. Además, en cualquier caso, si se cuestiona la legalidad de los métodos de D. Trump, ¿por qué no hacer lo mismo con las actuaciones de N. Maduro? Quizás habría que centrarse en un aspecto mucho más importante y urgente: recuperar la democracia y la libertad de los venezolanos, valores que deberían primar antes que cualquier otro, incluso ante el de soberanía (un elemento que ya solo existía en el papel).

Analizando el fenómeno desde la lógica de «realismo humanitario», es posible afirmar que aunque la intervención fue una medida extrema, el costo de la inacción ya era éticamente inasumible. Al poner en la balanza el respeto a una autonomía ya inexistente frente a la vida de millones de seres humanos… las deducciones son claras.

Precauciones: N. Maduro y la paradoja del equilibrio interno

A pesar de que la presencia militar de Estados Unidos resulta ser un mal menor para un bien mayor, esta no deja de suponer riesgos implícitos. Y es que, pesar de las esperanzas que esta nueva etapa pueda despertar en algunos sectores, existen algunos factores importantes a considerar.

Uno de ellos es el hecho de que el uso de la fuerza no garantiza la construcción de una democracia sólida y, a menudo, deja vacíos de poder que son llenados por otros grupos armados internos que luego pasen a gener inestabilidad crónica. Dicho de otro modo, la ausencia del líder venezolano no necesariamente se traduce en estabilidad interna. Y es que, aunque resulte curioso, el ahora expresidente funcionaba como una especie de «eje de equilibrio» entre facciones enfrentadas. Sin su figura, el sistema sencillamente podría llegar a descomponerse en bloques rivales.

Por lo anterior, cuando un país —sea cual sea— es intervenido, los compromisos no terminan con la caída de su cúpula de poder, sino que empiezan justmente allí. orienta a reconstruir instituciones sólidas En lugar de imponer soluciones rápidas que prioricen intereses ajenos, la acción debe estar enfocada en recontruir y reforzar las instituciones. De esto no solo dependerá el destino del país en cuestión (en este caso, Venezuela) sino también los grados de credibilidad de quienes aaseguran querer estabilizarlo (Estados Unidos). Aquí, por tanto, resulta fundamental que la población local se mantenga alerta y que la comunidad internacional tampoco abandone su vigilancia.

Reflexiones finales

El realismo de la libertad

Si se pretende analizar el futuro próximo de Venezuela, la pregunta que queda en el aire quizás no deba centrarse en la estética de los métodos, sino sobre la ética de los resultados. Aunque desde ESCANEO POLÍTICO siempre se defiende la resolución de conflictos a través del diálogo y las vías institucionales, lo cierto es que, en el caso de la nación caribeña, la diplomacia no ha logrado sembrar frutos. Tras décadas de sufrimiento civil y parálisis, la intervención liderada por D. Trump ha sido el único mecanismo que pudo forzar un objetivo de larga data: el de poner fin de un ciclo autoritario que parecía perpetuo.

Rechazar la intervención de Estados Unidos en Venezuela es correcto desde una perspectiva principista y legalista. Sin embargo, si lo que se ponderan son las atrocidades cometidas por el madurismo y el elevado número de víctimas que estas han alcanzado, el asunto cambia. Aunque el Derecho Internacional contemporáneo si reconoce el concepto de soberanía como un principio estructural del sistema, dicha premisa pierde valor cuando la dignidad humana comienza a correr riesgos.

En tal sentido, sería interesante poder abrirse a nuevas formas de interpretar ese concepto de soberanía, entendiéndolo como derecho humano y no como escudo dictatorial. Y es que, en escenarios como el venezolano, donde el Estado ya no era capaz de proteger a sus ciudadanos ni garantizarles sus necesidades básicas, las autoridades nacionales pierden el derecho a invocar la no intervención extranjera como un cheque en blanco para la impunidad. Visto de esta forma, lo ocurrido el pasado 3 de enero no fue un ataque al pueblo de Venezuela, sino el derribo de los muros que previamente lo mantenían cautivo.

Oportunidades de fortalecimiento democrático

Ciertamente, el recelo que muestran ciertos actores de la comunidad internacional —especialmente latinoamericanos— respecto a las verdaderas intenciones del accionar estadounidense, es natural y esperable. Lo mismo ocurre con el temor a que se produzca un «efecto contagio» en otros puntos del continente. Y es que no es posible obviar los fantasmas del siglo XX. Los numerosos episodios de potencias que se expropiaron de recursos naturales de países vulnerables en nombre de su «paz» o su «democracia» siguen provocando malestar y rechazo en regiones que alguna vez padecieron los efectos de la colonización y la injerencia extranjera.

Pero, ¿que tal si el ejemplo venezolano pudiera servir como un incentivo para que las naciones vecinas fortalezcan sus propias instituciones democráticas? En esta línea, lo que algunos hoy consideran como una «ocupación» pasaría a convertirse en una oportunidad de reconstrucción sin precedentes.

La historia rara vez ha sido amable con las soluciones tibias e intermedias ante lo que fueran tiranías absolutas. En ciertas ocasiones, para que la soberanía real vuelva a manos del pueblo, es necesario que una fuerza superior rompa los candados impuestos por quienes, en definitiva, la traicionaron primero.

En el caso venezolano, la intervención de Estados Unidos era ya, quizás, la única forma de desarticular un sistema de opresión como el de N. Maduro, que no respondía a la razón ni al voto. En consecuencia, debería ser vista como lo que es: un mal necesario. La posibilidad de recuperar las mayores reservas petroleras del mundo para el mercado global, la detención de la mayor crisis migratoria del continente y la neutralización de intereses estratégicos rivales, pueden ser buenas razones para justificarla. Los riesgos existen, pero es justamente aquí donde el rol de la comunidad internacional se vuelve clave. El mundo deberá, entonces, vigilar la situación de cerca, arbitrando a favor de una transición democrática justa.

^{_{*Foto de portada: Pulseada de poder entre Nicolás Maduro y Donald Trump | Imagen creada con Inteligencia Artificial (IA).}}

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